NOSOTROS, LOS “CALUMNIADORES"
| Fecha: 2008-11-15 11:40:31 | por: |
Cuando
Calderón atrajo al Gabinete a su íntimo
Juan Camilo Mouriño, un reportero le preguntó ¿Por qué Gobernación? A lo que contestó : “Porque sabe mucho de energía”. Pero no lo nombró secretario de Energía. Obviamente decidió darle
oficial acceso al
poder para sacar adelante su reforma
petrolera privatizadora.
En efecto Mouriño sabía de energía , sabía como utilizar a
Pemex. Su
familia se enriqueció con el
petróleo de
México desde
tiempos de Fox y
Juan Camilo conocía el verdadero estado de
privatización en que ya se encontraba la paraestatal. Le urgía a
Calderón que el
Congreso legalizara esa alta e ilegal
privatización ya existente desde varios sexenios.No sólo la futura. ¡Y Mouriño cumplió lo prometido a a su
presidente y a su
rey (de España), sacó adelante la reforma entreguista no obstante las protestas de los “calumniadores” contra su presencia en Bucareli ! El PRIAN ya era
pan comido y finalmente pudo lograrla con la
compra-venta de la sección Chucherías del
PRD,
hoy avalada como “decente”por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se puede despedir de su credibilidad para las
elecciones del
2009.
La verdadera situación de
Pemex se dio a conocer esta
semana tras la muerte de Mouriño y su grotesca conversión automática “en santo y en héroe de la patria” por un
Felipe Calderón comprensiblemente adolorido , pero poco consciente de la lealtad y la veracidad que le debe a
México, el
país que a fuerza quiso gobernar y al que no le cumple.
Fue la secretaria de Energía Kessel la que fresca como lechuga, reveló el enorme ilícito en que han vivido los dos
gobiernos panistas y anteriormente sus cómplices priistas, por lo menos desde
Carlos Salinas y su operador del sureste ,
Carlos Medina Plascencia. En el foro empresarial, cumbre de
negocios que se acaba de realizar en
Monterrey la otra
capital (prianista) del
país , la titular de la Sener dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de
Pemex en
exploración y producción ya las realizan otras empresas”.
Por lo visto, la
señora no ha leído ni lo esencial del
artículo 27 de la
Constitución que señala clarísimamente. “… Sólo la
Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de lo hidrocarburos…”. Menos aún pudo
leer el inciso XX del
artículo 8 de la
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que ostensiblemente violó el secretario de
Gobernación y que a la letra dice: “Todo servidor tendrá las siguientes obligaciones: XX.-Abstenerse, en el
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de
obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un
empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas
personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
El olvidadizo
Calderón , que llama “calumniadores” a los críticos de su aberrante conducta, no registró el hecho de que el propio Mouriño confirmó en
TV a Joaquín López-Dóriga el 6 de
marzo de este año, que en el 2004 firmó contratos como apoderado de la
empresa Transportes Especializados Ivancar S.A. de C. V., cuando era funcionario de la secretaría de Energía..
La Revista “Contralínea” , que dirige el
periodista Miguel Badillo, en su aparición de la 2ª quincena de
febrero publicó los contratos de Mouriño . Luego los
políticos se apoderaron de la info sin siquiera darle las gracias al investigador “calumniador” que encontró los documentos. Así son los
políticos. Quieren todo el
crédito para ellos. El 24 de
febrero de
2008 López Obrador acusó a
Juan Camilo Mouriño de haber cometido
tráfico de influencias al haberle otorgado a
empresas de su
familia contratos de
PEMEX firmados en 2003 y 2004 por él mismo, como representante legal de la
empresa de su
familia –Grupo Energético del Sureste– siendo diputado
federal, Asesor y después Subsecretario de Electricidad de Sener en 2003 y 2004.
El 29 de
febrero Mouriño rechazó las acusaciones calificándolas de inmorales y dolosas y declaró que no debatiría con sus detractores. Dos
semanas después reaccionó y reconoció el 6 de
marzo que sí firmó los contratos. El
día 10 de
marzo Amlo y
Convergencia dieron a conocer 2 contratos más . El 11 de
marzo Mouriño decidió responder a las acusaciones.Y aunque ningún
partido o personaje presentó (ojo) denuncia formal , se integró en la
Cámara de Diputados la comisión investigadora del caso (sin
diputados del FAP).Se designó
presidente al diputado del Verde Ecologista, Antonio Xavier López. El 13 de
mayo la comisión presentó formalmente sus conclusiones, exonerando al confeso
Juan Camilo Mouriño de haber cometido
tráfico de influencias ,estableciendo que se condujo “en apego a derecho”. Curiosamente, el diputado Antonio Ortega Martínez, hermano de
Jesús Ortega ,
hoy entronizado por el Tribunal
Electoral como jefe del
PRD, es el
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Cámara de Diputados. Muy confiable el calderonista PRD-Chucherías, como vemos. Pero es justo señalar que el 6 de
junio otros
diputados perredistas , Aleida Alavez Ruiz y
Alejandro Sánchez, presentaron ante la
Procuraduría General de la República una nueva denuncia contra
Juan Camilo Mouriño, por los delitos de
tráfico de influencias y uso indebido de funciones.Sólo que la PGR está a las órdenes del
presidente en turno. Para “calumniar” a Mouriño y llamarlo “saqueador confeso de Pemex” , me basé y me baso _su muerte no cambia su pasado_ en un análisis jurídico sobre la situación del secretario de
Gobernación de
Calderón , que publiqué el 25 de
marzo de
2008, en mi espacio Satiricosas de la Jornada de
Guerrero. Provino del
jurista taxqueño Raúl Dominguez , ex-magistrado
presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Guerrero y actual secretario de acuerdos de la Sala Superior en el Tribunal homólogo del
DF. (Ojo, Tribunal Electoral)
“
Juan Camilo Mouriño debe salir cuanto antes de la Secretaría de
Gobernación, pues siendo entonces él diputado
federal y asesor áulico del secretario de Energía, Mouriño se encontraba obligado a abstenerse de contratar con un organismo público como
Pemex; obligación que hasta 2002 se la imponía el
artículo 47 de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y desde ese año se la impuso otra vez el
artículo 8 de la diversa
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los idem, así como el
artículo 50 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sevicios del Sector Público. Al promover o gestionar la tramitación de un
negocio público y firmarlo como contrato en 2000 y reincidir en 2004, lleva a cabo una indebida conducta continuada e ininterrumpida, que prohija la ilicitud de tal contratación, actualizándose con esa gestión y firma la conducta penal tipificada que prevé el
artículo 221 fración I del Código Penal
Federal, cuyas sanciones consistirían en: multa, destitución e inhabilitación y prisión de 2 a 6 años y se trata de “tráfico de influencia”. Considerando que entonces Iván gestionó y firmó esa ilícita contratación de un
negocio público, la ganancia que obtuvo también se encuentra afectada de ilicitud; obtención que a su vez conlleva el ilegítimo aumento de su
patrimonio, aumento que tipifica el delito previsto por el
artículo 224 del Código Penal
Federal, que es sancionado con prisión de dos a 14 años si el monto excede del equivalente a 5 mil veces el
salario mínimo diario vigente en el
DF, así como con multa, destitución e inhabilitación, además de que el
dinero obtenido se decomisa en beneficio del
Estado mexicano, pues se trata de “enriquecimiento ilícito”.
Si al desempeñarse como diputado
federal y servidor público en la Sener,
Juan Camilo realizó ese acto jurídico, que produjo beneficios económicos a él y a sus ascendientes, así como a sus hermanos, también se actualiza otra conducta penal, específicamente que prevé el
artículo 220 fracción I del Código Penal
Federal y es un delito tipificado como “ejercicio abusivo de funciones”, que se sanciona con multa, destitución e inhabilitación y con prisión de dos a 12 años cuando la cuantía de la operación exceda de 500 veces el
salario mínimo diario vigente en el
DF.
Dado que en esos ilícitos contratos intervienen servidores públicos de
Pemex y de la Secretaría de Energía, como lo era
Juan Camilo (a) Iván en ésta y siendo diputado
presidente de la Comisión de Energéticos, comete con sus homólogos el delito previsto por el artícuo 216 del Código Penal
federal, que se denomina “coalición de servidores públicos”, que se sanciona con multa, destitución e inhabilitación y prisión de dos a siete años. La estulticia, codicia e impericia de Iván al representar a su
empresa Ivancar siendo servidor público, lo llevan ante 40
millones de televidentes, a estar confeso de su grave y dolosa conducta ilícita en forma reincidente, con la cual comete varios tipos penales según disponen los
artículos 9, 11 y 18 del Código Penal
Federal; por tanto el sujeto de marras no alcanzaría
libertad bajo fianza de ordenarse su aprehensión, ya que incurre en la figura jurídica sui generis que se denomina concurso de delitos, por todo lo cual y cuanto antes se debe procurar por quien tiene el interés jurídico para representar a la
Nación si no quiere ser encubridor, que se consigne ya tal
delincuencia organizada ante un juez penal
federal, para que a su vez se incoe el juicio
político contra un sujeto que delinque con premeditación, alevosía, ventaja y traición a la
Patria, porque siendo diputado del
Congreso Mexicano ostenta un pasaporte de la
Corona Española, con el cual acredita sumisión a un
gobierno extranjero en plena guerra por el
petróleo de Mexico, un
país republicano que hace 198 años se independizó de la Monarquía de España” .
Se desplomó el Learjet 45, matrícula XC-VMC en el cruce de
Paseo de la Reforma y Anillo Periférico (DF) a 50
metros de la fuente de
Petróleos Mexicanos que no se dañó. Se empeñan demasiado el
gobierno y el
embajador Tony Garza en la tésis del accidente, cuando el emblemático sitio del desastre inspira otras reflexiones. Por ejemplo, qué podrían sentir los
petroleros Bush, que hace 20 años pactaron con los presidentes neoliberales
mexicanos el deterioro sistemático y la consecuente
privatización a su favor de
Pemex, al ver al representante de la compañía española Repsol, prácticamente dueño de
México. En fin, no se puede evitar elucubrar, aunque lo prohiba Calderón
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